La inevitabilidad de un reajuste constante de las pensiones
Por qué el sistema de reparto es una estafa piramidal
Hoy en día, innumerables son las personas que dependen de una pensión para asegurarse una vida digna en los próximos años. El problema no es que hayan depositado la confianza en el Estado, sino que no han tenido otra opción que transferir parte de su renta y patrimonio a este, reduciendo significativamente su capacidad de ahorro, con la única opción de confiar en que el Estado cumplirá su promesa en el momento de la jubilación. Desde hace bastantes años, las noticias sobre pensiones han sido muy abundantes. “Aumentar los ingresos para asegurar la sostenibilidad”, “extender la base de cálculo” o “revalorizar las pensiones en función del IPC” han sido de los titulares más comunes en la materia.
Para entender la necesidad de reajustes constantes en las pensiones, hemos de entender la naturaleza del sistema –si es que realmente hay sistema, y no una serie de partidas que se destinan al pago de rentas a los pensionistas. Para que el sistema fuera sostenible, los pensionistas actuales deberían recibir la cantidad ahorrada durante su período laboral, más la remuneración que ha obtenido este ahorro en los mercados financieros. Este sería el caso de un sistema de capitalización, completamente opuesto al de España, donde existe un sistema extractivista, basado en que los pensionistas actuales no cobran de su ahorro capitalizado (este ya fue previamente gastado para pagar a los anteriores pensionistas), sino de las rentas extraídas de los trabajadores actuales. Por consiguiente, el sistema español es la aplicación práctica al ámbito de las pensiones de un sistema Ponzi o piramidal, que habría sido sancionado por ley de haber sido puesto en marcha por una empresa privada.
Dado que el sistema de pensiones español es piramidal, la necesidad de cuadrar ingresos y gastos constantemente provoca que el Estado incumpla la promesa –no se empleará el término contrato, pues es meramente coacción estatal– inicial, por ende, quebrando constantemente. En la medida en que la pirámide poblacional se modifique, lo cual es lógico teniendo en cuenta la cantidad de individuos que existen en una sociedad, los ingresos y pagos se tendrán que ajustar, alterando la pensión percibida o los impuestos a pagar, sin consecuencia alguna para la modificación unilateral del contrato que ha llevado a cabo el Estado.
Las predicciones no mienten: la pirámide poblacional se está invirtiendo, y esto supondrá que los reajustes inherentes a un sistema piramidal serán mucho más acusados en el futuro. Si los futuros gobiernos se resisten a reformar desde la base el sistema, las opciones son dos: o bien se incrementa más aun la asfixia fiscal a los trabajadores y capitalistas, o se reducen las pensiones sustancialmente. La insostenibilidad a largo plazo, así como el efecto empobrecedor del sistema son dos características que deben ser asumidas intelectualmente por sus más fervientes defensores, a partir de las cuales pueden seguir defendiéndolo, o optar por reformas estructurales a largo plazo que solventen las quiebras constantes del sistema. No se pretende, empero, que aquellas personas más vulnerables dejen de recibir una pensión, pues puede haber una red asistencial de última instancia proveída por el Estado –aunque este sería otro debate–, sin necesidad de abocar a una sociedad entera a la estafa piramidal del sistema de pensiones.
En conclusión, es imperativo comprender que el sistema de pensiones está destinado a reajustes constantemente, de manera que los cotizantes actuales sean conscientes de que, después de haber pagado cotizaciones sociales crecientes, probablemente no se les vaya a devolver está cuantía, cobrando una pensión más reducida de la que en un sistema de capitalización habrían recibido. Con todo, la paranoia colectiva sería contraproducente –mas no es el objetivo del artículo–, pues son en estos casos cuando la demagogia política prospera, apelando a soluciones cortoplacistas que acaban agravando el problema. No se debe permitir que esta permee, por las consecuencias sociales que tendrá el resistirse a realizar reformas que habrán de llevarse a cabo eventualmente.